Apuntes

No Hubo Errores, No Hubo Excesos

Por Tribuna Docente - 13 de Julio, 2007, 18:52, Categoría: Neuquén

A CARLOS LO MATO EL GOBIERNO DE SOBISCH

La reciente acusación del fiscal Trincheri contra Raúl Pascuarelli, Carlos Zalazar y una veintena de policías involucrados en la represión de Arroyito conduce a todo el que lo quiera ver a la lógica conclusión de que el asesinato de Fuentealba fue la consecuencia de una decisión de gobierno que iba más allá del desalojo de una ruta.

La acusación del fiscal denuncia que tanto Pascuarelli como Zalazar asistieron cómplices a un uso desproporcionado de la fuerza, a una verdadera cacería de manifestantes. La acusación textualmente señala que la cúpula de la Policía asistió al cabo Poblete a “eludir su responsabilidad penal” y que otros 15 uniformados lo encubrieron durante y después de los hechos. También describe que hubo otro policía que disparó postas de plomo durante la represión y que golpeó salvajemente con su arma a un manifestante indefenso que se entregaba con las manos en alto.   
Esto supera claramente la teoría oficial del “hecho desgraciado”.  
La represión de Arroyito tuvo el objetivo de “escarmentar” a trabajadores de la educación que reclamaban un aumento de salario. El asesinato de Carlos fue la consecuencia de un régimen político y social hostil a las demandas y a la vida de los trabajadores.
Las dimensiones de la acción represiva fue premeditada y decidida en los niveles más altos del gobierno provincial: la furiosa campaña contra los docentes desarrollada en los medios de comunicación durante los días previos no tenía otro objeto que preparar a la “opinión pública” mediante el engaño y la manipulación.
La preservación de ese régimen político (afín a los pulpos petroleros, a los especuladores inmobiliarios, a los banqueros)  fue lo que llevó a todo el arco de los partidos patronales –principalmente a los “opositores”- a sostener a Sobisch y evitar que éste cayera como consecuencia directa de la rebelión popular desatada por el crimen de Carlos. Con esa finalidad, el gobierno de Kirchner, que por esos días reprimía al pueblo de Santa Cruz “a la manera de Sobisch”, se apresuró en ofrecer el envío de gendarmes a Neuquen.
Sobisch y su gobierno son los responsables intelectuales del fusilamiento de Carlos y de haber puesto en peligro la vida de muchos otros trabajadores ese 4 de abril. Poblete y los demás policías y funcionarios no fueron sino el brazo ejecutor de una decisión política.
El gobernador electo, Jorge Sapag, no ha abierto la boca: pretende echar un piadoso manto de olvido (y de impunidad) sobre el tema.
De nada le servirán las bravatas a Sobisch cuando los trabajadores lo pongamos realmente en su lugar.
Cárcel a los responsables políticos y materiales del asesinato de Fuentealba. No al encubrimiento.

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