Apuntes

Lázaro Báez al Cuadrado

Por Tribuna Docente - 11 de Agosto, 2013, 15:44, Categoría: Universitarios

POLITICA UNIVERSITARIA K: UN MAR DE CONVENIOS

Recientes notas periodísticas sobre convenios entre universidades y el Estado pusieron de relieve la naturaleza de la política K hacia le educación. Mediante la firma de estos acuerdos, los ministerios del Gobierno evitan “pasos burocráticos y de control que por ley rigen las contrataciones por parte del Estado, como las licitaciones” (La Nación, 24/07). Se trata de cifras muy importantes: por nombrar sólo ejemplos, Educación remitió a la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) 889.781 pesos para organizar un acto sobre la “democratización de la Justicia”, donde participaron Cristina y la procuradora Gils Carbó. En el caso de la Universidad de San Martín, la cifra del convenio llega a la friolera de 46 millones “para la creación de una medidora estatal de audiencias” (sic). La lista podría continuar llenando hojas enteras, pues la proliferación de convenios es característica de la famosa “década” K.
A partir de este tema se inició una crisis política que involucra a otros organismos del Estado. La “Auditoría General de la Nación (AGN) publicó en mayo pasado un crítico informe especial en el que recopilaron los resultados de las 39 auditorías de gestión realizadas a 20 universidades nacionales” (La Nación, ídem).
Una década de convenios
y “contrarreformas”
Estos acuerdos son una de las principales expresiones que atestiguan cómo la política educativa de los ’90 se profundizó, vuelta de tuerca mediante. Al respecto, corresponde apreciar al menos dos facetas. Por un lado, los convenios pueden significar la transferencia de los recursos técnicos y humanos de la universidad en beneficio directo del capital. Es lo que ocurre cuando la Facultad de Agronomía de la UBA, por caso, ofrece a Arcor las llamadas “pruebas sensoriales” por un costo significativamente menor al de mercado. Por otro lado, los convenios son el ámbito perfecto para cajas negras que involucran a los partidos de Estado, sus funcionarios y la “patria contratista”. Indudablemente, este triángulo creció exponencialmente bajo el kirchnerismo. El escándalo permite echar luz, por lo tanto, respecto de la persistencia en el poder universitario de todas las viejas camarillas profesorales. Debe entenderse en relación con los grandes negocios y manejos de fondos que acordaron con los gobiernos K. Por eso estas mismas camarillas -radicales, peronistas, ‘socialistas’- pueden recitar alabanzas sobre los “incrementos presupuestarios gracias al gobierno”, sin ruborizarse por la incompatibilidad de esa demagogia con la realidad de miles de docentes que no cobran salario o la falta de gas (que ya lleva un lustro) en Medicina de la UBA.
Las universidades
del conurbano
Se desmiente, además, la supuesta “democratización educativa” que postula el gobierno K por la creación de nuevas universidades. En realidad, también esta es una política copiada de Menem, que inició la fundación de universidades “modelo LES” en los ’90, la mayor parte en el conurbano. Las “nacionales y populares” reiteraron el modelo: oferta degradada de los títulos de grado -muchas veces siguiendo las necesidades inmediatas de los capitalistas del municipio-, creciente oferta de posgrados pagos. También profundizaron el régimen laboral ya “clásico” en las universidades del conurbano: los contratos precarios a docentes y la tercerización de servicios. Los convenios lubricaron la relación con las camarillas, que salen al rescate del gobierno en momentos importantes -por ejemplo, la declaración de los rectores a favor del pago de deuda externa con reservas. Además, se trata de un importante incentivo para los intendentes, que encuentran conveniente la presencia de universidades en sus distritos, pues cuentan de ese modo con una caja de poco o nulo control. Las camarillas aparecen nuevamente sosteniendo la versión reaccionaria de la autonomía: no para defender la universidad respecto de los ataques del Estado capitalista -por ejemplo, rechazar acreditaciones Coneau-, sino para garantizarlos.
Luchar por una alternativa
El escándalo por los convenios es un fuerte ejemplo respecto de cómo la política educativa del gobierno profundizó una orientación social capitalista. No se trata únicamente del incremento de la matrícula de las privadas -otro “logro” K-, sino de la degradación de la pública en función del lucro privado y de los funcionarios “prendidos”. Los “beneficiados” por esta situación fueron las camarillas, no la masa de estudiantes y trabajadores universitarios. La pelea por la defensa de la educación pública es inevitablemente contra el gobierno K y sus opositores tradicionales; la “democratización”, por tanto, es una lucha anticapitalista. Esta conclusión saca la UJS, y se propone impulsarla desde la conducción de la Fuba, hacia todo el movimiento estudiantil del país.

Alejandro Lipcovich

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