Apuntes

Violencia Escolar

Por Tribuna Docente - 19 de Septiembre, 2013, 20:00, Categoría: General

LA IMPUTABILIDAD PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y de la diputada oficialista Mara Brawer, que convierte en ley la penalización a los alumnos que protagonicen hechos de violencia y acoso en las escuelas, incluyendo la expulsión de los agresores.
La ley fue aprobada a las apuradas, con amplio apoyo de la oposición patronal, luego del impacto causado por la difusión mediática de una brutal golpiza contra una alumna en una secundaria de Quilmes.
Envuelta en una fraseología mentirosamente “progre” (el alumno no debe ser excluido de su escolaridad) se trata de una línea que carga la responsabilidad de la violencia en los alumnos, y exculpa al Estado y al régimen social capitalista. Además, se legaliza en las escuelas un cuadro de persecución y de espionaje: la ley crea una línea de atención telefónica gratuita para que llamen las víctimas que no se atreven a denunciar su caso en la escuela o que encuentren que ésta no da respuesta a su reclamo.
Insaurralde, De Narváez, Massa y compañía ya tienen su ley de imputabilidad desde los 12 años en la secundaria, pero que arranca desde el jardín, porque, adaptada a cada nivel, la ley es aplicable a todo el proceso educativo.
La ley es un ataque a los docentes, a los que se acusa de ser responsables de “silencio pedagógico”; es decir, de ser cómplices del cuadro de violencia. “Cuando se generan situaciones de violencia en una escuela -declaró Brawer a Página/12- no es responsabilidad de un solo docente, sino de todos los miembros que integran esa comunidad educativa”.
El único objetivo de la ley es establecer un régimen persecutorio. Cuando a Brawer se le preguntó por la falta de equipos pedagógicos en la inmensa mayoría de las escuelas, volvió a responsabilizar a la “falta de intervención de los adultos (que) es un fenómeno que se acrecienta”.
Es la violencia del Estado, que se ejerce sobre toda la comunidad educativa, la que termina manifestándose en las situaciones de violencia entre alumnos o hacia los docentes, que crecen en forma alarmante en todas las escuelas. En diez años, la política K ha dinamitado las condiciones de vida de la mayoría popular, agravado el hacinamiento en barrios y en asentamientos, pauperizado a los trabajadores con desocupación, trabajo precario y en negro, salarios promedio por la mitad de la canasta familiar, y generado la situación extrema de que casi un millón de jóvenes menores de 18 años no tengan condiciones dignas para estudiar ni trabajo para sostenerse como adultos jóvenes. Sólo uno de cada tres chicos termina el secundario, los colegios se caen a pedazos y la devaluación de programas y contenidos ha llevado a la educación pública al colapso, a favor de la privatización de la educación y de la devaluación del valor de la fuerza de trabajo en favor de los empresarios.
Los alumnos son las primeras víctimas de esta degradación y los docentes somos la cara visible de las aulas superpobladas, las dificultades edilicias y las promesas incumplidas de acceso a una educación en retroceso.
Expresiones extremas de este cuadro explosivo fueron la matanza de Carmen de Patagones (setiembre de 2004) y el ataque a un director de una escuela de Pergamino (2011) por parte de una madre y su hijo. La respuesta del gobierno K en aquellos casos fue la misma: los alumnos fueron expulsados y la madre fue procesada y condenada.
La recuperación de la educación pública y el fin de la situación de violencia escolar sólo es posible recuperando el conjunto de la economía nacional al servicio de las mayorías trabajadoras. Para la juventud, ni leyes de persecución escolar ni regímenes penales carcelarios: trabajo bajo condiciones de convenio y con un salario que cubra la canasta familiar y educación en escuelas dignas, con una canasta educativa básica de 2.500 pesos para los alumnos.

Romina del Plá-Daniel Sierra

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